Auna es el operador de telefonía fija más denunciado por los usuarios

Auna ha desbancado a Telefónica de España situándose como el operador de telefonía fija más denunciado por los usuarios en la Federación de Consumidores en Acción (FACUA).

Así lo pone de manifiesto el balance de las consultas y reclamaciones tramitadas por FACUA durante 2004 a nivel nacional, en el que Auna ocupa el primer lugar en las consultas y denuncias sobre irregularidades en telefonía fija (incluyendo a los operadores de cable), con el 41,4%.

Telefónica está por primera vez en la segunda posición, con el 38,3%. Les siguen Uni2 (12,0%), Ono (3,4%), Jazztel y Tele2 (ambas con el 1,4%).

El Grupo Auna también ocupa el primer lugar en las consultas y reclamaciones tramitadas por FACUA durante el año pasado en materia de telefonía móvil (Amena fue objeto del 62%) acceso a Internet (26,8%).

Las reclamaciones relativas a telefonía fija, móvil, acceso a Internet y comercio electrónico se sitúan en el primer lugar dentro del balance de FACUA, que demanda al Gobierno cambios en la normativa vigente que garanticen la protección de los usuarios y controles sobre las empresas del sector de las telecomunicaciones para poner freno al cúmulo de irregularidades que vienen produciéndose.

Estos son los diez problemas fundamentales que sufren los usuarios de telefonía fija y que originan las reclamaciones planteadas en FACUA.

1. Cambio de compañía sin la autorización del usuario. Práctica conocida como slamming, denunciada fundamentalmente en Auna y también Uni2.

2. Trabas y rechazos en la tramitación de bajas.

3. Rechazos a la anulación del cobro de llamadas a líneas 803, 806 y 807 a las que el usuario llamó víctima de un fraude.

4. Teléfono de atención al cliente de pago. Este hecho, que vulnera la normativa sobre telecomunicaciones, se produce Auna, que tiene una línea 902.

5. Retrasos para efectuar la portabilidad cuando el usuario solicita el cambio de compañía manteniendo su número de teléfono.

6. Facturación de llamadas no realizadas.

7. Alta y facturación de servicios sin el consentimiento del usuario o distintos a los solicitados.

8. Contratación de servicios que no se ajustan a lo prometido en su publicidad.

9. Facilitación de información errónea sobre las tarifas y otras características de los servicios.

10. Impedimentos, demoras y errores al tramitar reclamaciones